El inicio de 2026 ha traído un respiro necesario para el tejido empresarial español. Originalmente, se esperaba que el sistema VeriFactu fuera obligatorio este enero; sin embargo, la Administración ha confirmado que 2026 funcionará como un año de adaptación técnica. Por consiguiente, la obligación definitiva se traslada a 2027 para sociedades y autónomos. No obstante, este margen no debe interpretarse como una pausa, sino como una ventana de oportunidad estratégica.
En primer lugar, es vital entender qué implica la Ley Crea y Crece para las relaciones B2B. Aunque la obligatoriedad total se ha desplazado, las grandes empresas ya están exigiendo a sus proveedores el uso de formatos estructurados. Asimismo, el software que elijas hoy debe ser capaz de generar códigos QR y huellas digitales inalterables. Por esta razón, en GEXES recomendamos iniciar la migración este primer trimestre para evitar el colapso de soporte que se prevé a finales de año.
Por otro lado, el uso voluntario de VeriFactu durante 2026 permite a las empresas «entrenar» sus sistemas de reporte en tiempo real con la AEAT. De hecho, aquellas entidades que opten por la remisión voluntaria de datos verán simplificadas sus obligaciones de libros registro de IVA. En conclusión, 2026 es el año para digitalizar sin la presión de las sanciones inmediatas.
